Las acusaciones repugnantes que Feijóo, en un tono desaforado y barriobajero, hizo contra su adversario en una reciente sesión parlamentaria sobre posibles implicaciones de familiares políticos del presidente en negocios antiguos de los bajos fondos madrileños, no han sido probadas, y en todo caso, de resultar ciertas siquiera en parte, no generarían responsabilidad alguna, ni moral ni material, en el actual jefe del Ejecutivo, absolutamente ajeno a aquellos hipotéticos hechos.

Pero lo más grave de este repulsivo asunto, que la derecha eterna —esa que considera que Dios le garantiza por los siglos de los siglos la hegemonía de derecho divino— ha traído bañado en bilis al escenario del pluralismo, es que el material circulante, obtenido en tiempos de Rajoy de los pozos más contaminados del sistema, fue al parecer recopilado por un sujeto llamado Villarejo, un policía corrupto que vivió de la extorsión y el chantaje, en un reino civil organizado por el ministro del Opus Dei Fernández Díaz, que creó presuntamente no una sino varias policías paralelas, que se utilizaron, entre otros menesteres, para atizar la llama del soberanismo catalán por el procedimiento de hostigar a sus miembros, y para desacreditar a la fuerza emergente de Pablo Iglesias, Podemos, con una serie de infundios tan graves como falsos de toda falsedad. Aquella época está judicialmente viva, y aunque los demócratas tengamos escasa fe en la justicia al uso, el entonces secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, está en la cárcel encausado por la jueza María Tardón de la Audiencia Nacional, de momento apenas por unas extrañas conexiones con hackers informáticos pero con otros expedientes abiertos. También la guerra sucia contra Podemos organizada en el propio Ministerio del Interior está siendo investigada por la AN, de la mano del juez Santiago Pedraz.

En otras palabras, la salvaje corrupción policial de la época de Rajoy, que no solo no controló a sus gobiernos sino tampoco a sus fuerzas de seguridad, ha dejado como subproducto un cúmulo de informaciones dudosas, cuando no construidas a la carta, que en última instancia persiguen la destrucción del sistema. ¿Para qué le sirve a esta derecha cutre un régimen democrático que tiene la osadía de preferir en las urnas a las organizaciones progresistas, y que en su casi medio siglo apenas ha otorgado el poder al PP menos de la tercera parte del tiempo?

La malversación intelectual de la democracia que hicieron primero Aznar y después Rajoy ha sida aprovechada por VOX, un partido ultra que ha heredado la desfachatez franquista y que en el fondo se ríe de su compañero de viaje popular porque, a pesar de sus marrullerías, ha conseguido bien escaso botín. Por eso Feijóo, desesperado por la fortaleza de un mundo que no entiende, el del progresismo político, ha decidido poner de una vez toda la carne en el asador. Y para asegurarse, por fin, la hegemonía, ya no solo exige nuevas elecciones, que podría perder (nunca hay certezas en los cómputos electorales): ahora quiere, exige, que Pedro Sánchez termine en la cárcel. El porqué es lo de menos.

Semejante agresión, que se basa —conviene insistir— en rumores lejanos —ya en 2014, cuando Sánchez tuvo que confrontar con Eduardo Madina en primarias, circulaban aquellas insidias—, que no tiene relevancia jurídica y que transgrede todas las reglas de urbanidad y fair play de las que no puede prescindir el modelo parlamentario, contiene implícita la afirmación de que para llegar a sus objetivos los partidos reaccionarios forzarán la situación hasta donde haga falta. A su manera, el PP está escribiendo el equivalente a los protocolos de los sabios de Sión, ya no antisemitas sino antisanchistas. Aunque, como Hitler en su época con aquellas fabulaciones, todo el mundo sepa que relato de ahora es una farsa, una colosal mentira.

Pues bien: tiéntense la ropa los que sostienen en sus brazos el aflautado discurso de Feijóo porque si la derecha insiste en destrozar el sistema, en hacer inhabitable el régimen, en llevar a este país a parajes de patológica excepcionalidad, quienes mantenemos el invariable respaldo al régimen constitucional no nos quedaremos parados. Sabemos que hay presuntamente un puñado de jueces que, sin el menor respeto a la ética ni a la estética, se han sumado a la causa de la deconstrucción, pero es evidente que una mayoría clara de juzgadores, conservadores o progresistas, está dispuesta a cualquier sacrificio, incluso a la heroicidad, para sostener el estado de derecho. Y la sociedad civil, que ha dado suficientes pruebas de madurez en todo este tiempo, no se amilanará ante la efervescencia de un compló urdido por personajes mediocres que, en el fondo, carecen de talla para aspirar siquiera a posiciones de relieve que fueron concebidas para políticos de verdadera envergadura.

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