Piden en la Corte Penal Internacional la imputación de Von der Leyen como "cooperadora" de los crímenes en Gaza
La propuesta ha sido el evada por el eurodiputado Jaume Asens, de los Comunes, e incluye a la jefa de la diplomacia comunitaria, Kaja Kallas. "Los dirigentes israelíes no actúan solos", defiende.

El eurodiputado de los Comunes Jaume Asens pedirá este viernes en La Haya a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) que impute a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y a la comisaria de Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, por su papel como cooperadores necesarios en los crímenes cometidos por Israel en Gaza. Asimismo, solicitará que la Fiscalía amplíe su investigación al ataque contra la Flotilla de la Libertad, en coordinación con la causa ya abierta por la Audiencia Nacional.
Según Asens, el respaldo político, diplomático y material brindado por ambas dirigentes europeas al Gobierno israelí las convierte en partícipes necesarias de actos que podrían constituir crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y genocidio, de acuerdo con el artículo 25 del Estatuto de Roma.
"Los dirigentes israelíes no actúan solos. La CPI no puede mirar hacia otro lado. Cuando las máximas autoridades europeas se alinean con un Estado acusado de cometer genocidio, no estamos solo ante un silencio cómplice, sino ante una complicidad activa. Von der Leyen y Kallas, asi como otros dirigentes europeos, deben ser investigadas", ha afirmado Asens. "Hay precedentes como el de Charles Taylor, expresidente de Liberia, y en una cárcel británica, condenado por un tribunal especial de la ONU por aportar armas a las fuerzas rebeldes de Sierra Leona. Lo que vale para los líderes africanos, debe valer para los líderes occidentales", ha añadido.
La iniciativa se basa en el principio de jurisdicción universal y en las conclusiones de las jornadas organizadas por Asens y otros eurodiputados del grupo Verdes/ALE en el Parlamento Europeo, bajo el título "¿Deberíamos llamarlo genocidio?". En ellas, juristas, personal médico y organizaciones de derechos humanos coincidieron en que las acciones del Estado de Israel en Gaza cumplen los elementos jurídicos del crimen de genocidio, tal como lo define el Estatuto de Roma.
El informe jurídico resultante, que será entregado a la Fiscalía, documenta bombardeos sobre hospitales, uso del hambre como arma de guerra, ataques indiscriminados contra civiles y discursos institucionales que deshumanizan al pueblo palestino. También recoge declaraciones públicas de altos cargos israelíes que podrían constituir incitación directa al genocidio.
"Asistimos a una masacre continuada con la complicidad de las instituciones europeas. Quienes no solo callan, sino que justifican, financian o respaldan políticamente estos crímenes, no pueden quedar impunes. Europa también debe rendir cuentas", ha subrayado Asens.

El caso Madleen: una querella ya admitida en España
La denuncia ante la CPI incluirá también el caso del Madleen, embarcación humanitaria atacada en aguas internacionales el pasado 1 de junio, en la que viajaban doce activistas -entre ellos Greta Thunberg y Rima Hassan-. El caso ya ha sido admitido a trámite por el Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional.
La querella, presentada por el ciudadano español Sergio Toribio -único tripulante español a bordo- y el Comité de Solidaridad con la Causa Árabe, fue redactada por los abogados Jaume Asens y Endika Zulueta. Se detallan en ella el uso de drones, armas de fuego, gases lacrimógenos, agresiones físicas y la deportación arbitraria de toda la tripulación por parte del ejército israelí. Los hechos podrían constituir crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y piratería.
Asens ha recordado que esta acción sigue la estela del caso del Mavi Marmara, también abordado ilegalmente por Israel en 2010, y busca impulsar una estrategia internacional de rendición de cuentas. “Gaza no puede ser la tumba del derecho internacional”, ha dicho.
Desde el Comité de Solidaridad con la Causa Árabe y desde la propia Flotilla de la Libertad se insiste en que la acción de la justicia española y europea debe ser solo el comienzo. Además de las denuncias ante la CPI, los organizadores de las jornadas en el Parlamento Europeo exigen un embargo europeo de armas a Israel y la suspensión inmediata de la cooperación institucional mientras persistan el bloqueo y los ataques a la población civil.